La política de Derechos Humanos del gobierno cerca de una encrucijada Imprimir
Escrito por Sergio González   
Jueves 03 de Enero de 2008 00:00
Los primeros días de gobierno de Cristina Kirchner van marcando un rumbo definido, pero algunos ¨inconvenientes¨, que ella no esperaba, dificultan momentáneamente un giro más pronunciado a la derecha. En particular, la ambigüedad de la política de derechos humanos se va acentuando con la nueva relación con las Fuerzas Armadas y con la muerte del represor Febrés cuatro días antes de ser sentenciado. Los primeros días de gobierno de Cristina Kirchner van marcando un rumbo definido, pero algunos ¨inconvenientes¨, que ella no esperaba, dificultan momentáneamente un giro más pronunciado a la derecha. En particular, la ambigüedad de la política de derechos humanos se va acentuando con la nueva relación con las Fuerzas Armadas y con la muerte del represor Febrés cuatro días antes de ser sentenciado.

Recomponer la institucionalidad

Ni bien asumió, la nueva presidenta se apuró a mostrarle a la clase dirigente que estaba decidida a hacer todo lo posible para cerrar la profunda crisis generalizada que tuvo su máxima expresión en el Argentinazo de fines de 2001. En el intento de, como ella lo llama, ¨recomponer la institucionalidad¨ (más allá de la confianza popular conseguida en torno a la pareja presidencial), rápidamente montó gestos contundentes en esa dirección.
El primer día de gobierno, el flamante ministro de economía Lousteau apareció públicamente con el representante del FMI para restaurar las, supuestamente, malas relaciones con el organismo de crédito internacional. También tratan de reconstruir la confianza en el parlamento, haciendo pasar varias medidas, que ya estaban cocinadas, por ambas cámaras donde no corren ningún riesgo dados los números favorables del oficialismo. Además la presidenta se reunió con la reaccionaria cúpula de la Iglesia para restablecer buenas relaciones (en campaña ya había hablado contra el aborto) y en un discurso ante la jerarquía de la fuerzas armadas trató de lavarles la cara distanciándolas de su pasado genocida. Habló de separar la paja del trigo, repitiendo lo anticipado en la asunción, ante el aval de los dirigentes de DDHH coptados por su administración: ¨Hay que escribir otra historia¨, dijo.
Esto tiene expresión también en la política de derechos humanos, que era la cara más progresista del gobierno kirchnerista. Ahora se busca apurar los juicios condenando algunas decenas de represores, unos pocos de cada región, para poder cerrar el tema sin depurar mayormente las fuerzas represivas (donde las bandas fascistas continúan en actividad como vimos en los casos López y Gerez), ni avanzar en la investigación de la represión al Argentinazo, en el Puente Pueyrredón y otros hechos bajo la democracia parlamentaria. Se trata de completar la tarea de recomponer la dominación burguesa y hacer un lavado de cara del aparato represivo. Todo esto en previsión de que la burguesía lo vuelva a necesitar para detener los próximos avances en la inevitable lucha por una sociedad igualitaria que llevarán adelante las masas argentinas, como lo están haciendo nuestros hermanos en todo el continente.
Esta tentativa de recomposición completa de la institucionalidad burguesa, seriamente dañada en las jornadas de 2001, tiene otra cara en el anunciado Pacto Social, cuyo contenido cada vez más va quedando en evidencia: limitaciones a los reclamos salariales, mantenimiento de condiciones laborales precarias, concesiones a las distintas patronales a cambio de gestos mínimos que no se cumplen por parte del empresariado, como la canasta navideña o los compromisos de mantener precios. Ya comienza a regir el aumento de los boletos de transporte (20% de promedio) y próximamente se vienen los tarifazos de las empresas privatizadas.

Algunas dificultades

Claro que, como lo venimos sosteniendo en varios artículos, no va a ser fácil hacer pasar estas maniobras, por eso el intento se da en los primeros días de gobierno cuando el crédito popular es mayor. Sin embargo, salvo la burocracia sindical más podrida que se sostiene sólo por sus relaciones con el estado y la patronal, se está produciendo mucho ruido en torno a la viabilidad de un techo salarial por debajo de la inflación real. Los burócratas más inteligentes temen que el descontento de los trabajadores se los lleve puestos si se muestran muy favorables a un acuerdo que impida la recuperación de los ingresos, el blanqueo y mejorar la situación laboral.
Hemos visto desde tímidas tomas de distancia de algunos dirigentes sindicales hasta enfrentamientos abiertos entre distintos burócratas por espacio de poder y teniendo que pronunciarse contra el Pacto Social o solicitando un aguinaldo extra en diversos sectores e incrementos salariales de 30%.
Todo esto no quiere decir que el nuevo gobierno no vuelva a apelar a su máscara ¨progresista¨ ni bien la necesite, como lo hizo el anterior durante cuatro años y medio. La continuidad no es sólo matrimonial sino que gran parte del gabinete es la misma. Ya pudimos ver algo de esto cuando en los primeros días de mandato recrudeció el caso de la valija de Antonini Wilson. La torpeza de la derecha norteamericana en su intento por acorralar a Chávez involucró a los gobiernos de Argentina y Uruguay obteniendo un brote de declaraciones "antiimperialistas" en vez de conseguir aislar a Chávez en la región. Claro que para otras muestras de progresismo el gobierno depende de la continuidad de la favorable situación internacional (valores históricos de los metales, la soja y otras commodities).
En este marco se buscó, antes de la feria judicial de enero, que aparecieran en los medios algunos ¨avances¨ en los demorasídimos juicios contra represores de la dictadura en varias regiones del país: masacre de Margarita Belén en Chaco, regimiento de la provincia de La Pampa, causa ESMA, detención de Luis Patti, etc.
E l 18 de diciembre fueron condenados el general Cristino Nicolaides y otros siete militares integrantes del batallón 601, a penas de 20 a 25 años de prisión tras ser encontrados culpables por los secuestros, torturas, reducción a la servidumbre y desapariciones de cinco integrantes de Montoneros, ocurridos durante la última dictadura militar. Es esta la primera condena a militares desde la anulación de las leyes de impunidad. Antes habían sido condenados el policía Etchecolatz y el cura Von Wernich.

El caso Febrés

El ex oficial de inteligencia de la Prefectura Naval, Héctor Febrés (alias el gordo Daniel o el gordo Selva) fue uno de los más conocidos torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada bajo la última dictadura militar. Se desempeñaba en el sótano, donde se encontraban los detenidos, entre ellos numerosas embarazadas. Fue beneficiado durante todos estos años por las leyes de impunidad.
A punto de ser sentenciado en el primero de los numerosos juicios en su contra, por torturas contra 4 sobrevivientes de la ESMA, fue encontrado muerto en su lugar privilegiado de detención del Tigre, el 10 de diciembre pasado. Además, entre otros 300 casos en los que se encontraba denunciado, iba a ser juzgado próximamente en el caso de la muerte de Rodolfo Walsh y por el robo de bebés de padres detenidos.
La muerte del ex sub prefecto Febrés, causada por la ingestión de cianuro, reveló la hipocresía de la justicia que ¨condena¨ a los represores a detenciones en sus antiguos lugares de pertenencia y en condiciones de privilegio (Febrés en la Prefectura de Tigre tenía televisión, DVD, teléfono celular, computadora y chofer a disposición) también era atendido por sus cómplices de ayer y de hoy. Su muerte impide la realización de este y futuros juicios, negando justicia a las víctimas, e impide que se revele información vital para otros casos.
A raíz del escándalo fueron detenidos dos miembros de Prefectura (Iglesias y Volpi), y la esposa e hijos de Febrés, acusados de intervenir en su envenenamiento. Además se relevó a la jerarquía de la Prefectura por las condiciones irregulares de detención y por la vinculación con el crimen, ya que algunos jefes intentaron dar indicaciones sobre cómo declarar a estos detenidos y en el lugar de detención de Febrés no se llevaban registro de las visitas, entre otras irregularidades.
También ha comenzado el traslado de los represores condenados, desde sus lugares de detención VIP a la cárcel común de Marcos Paz.

La lucha contra la represión, la impunidad y la desigualdad

Desde la Corriente Socialista El Militante nos sumamos a la exigencia de los organismos de Derechos Humanos para que todos los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan prisión efectiva en cárceles comunes y para acelerar las causas en trámite unificándolas de manera que en cada proceso oral se juzgue a todos los responsables de cada Centro Clandestino o Área Militar y por todas las víctimas de una vez.
También por el fin de la impunidad: a 4 años y medio de anuladas las leyes de perdón, son sólo 10 los condenados, hasta hace poco detenidos en lugares de privilegio y bajo el ¨cuidado¨ de sus cómplices; el compañero López lleva desaparecido casi 16 meses con los responsables en total impunidad; y el genocida Héctor Febrés ostensiblemente envenenado (avalamos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, contra el juez federal Sergio Torres y los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 5, responsables de las escandalosas condiciones de detención en las que se encontraba Febrés y que dieran lugar a su asesinato).
Pero además afirmamos que la única manera de terminar con la represión y la impunidad es, como bien lo sabían los compañeros desaparecidos, luchando por un cambio decisivo en la sociedad, que termine con el dominio de unos pocos privilegiados, que utilizan al aparato estatal (mediante el consenso o coerción) para perpetuar su dominación. Este aparato estatal tiene como función garantizar esa dominación y la igualdad y la justicia no se conseguirán hasta que no sea reemplazado por la autoorganización de las masas bajo la hegemonía de la clase obrera.
El nuevo gobierno, en tanto, continúa profundizando su subordinación a los poderosos e intenta reconstruir la legitimidad de este aparato estatal diseñado para perpetuar la desigualdad, los privilegios y la represión contra los que se oponen y también la impunidad para la mano de obra empleada para llevarla a cabo.