La caída de las leyes de impunidad muestra la continuidad del auge de masas y la debilidad de la reacción Imprimir
Escrito por Sergio González   
Viernes 15 de Agosto de 2003 00:00
El martes 12 de agosto a medianoche la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. La sesión estuvo acompañada por una multitudinaria manifestación en los alrededores del Congreso.Las leyes mencionadas habían sido aprobadas por los legisladores durante la presidencia de Alfonsín a mediados de los ’80, bajo la coacción de levantamientos militares. Significaron la impunidad para cientos de represores que aun hoy continúan en libertadstad sin pagar por los crímenes cometidos en la dictadura militar de 1976-83. El próximo miércoles 20, el Senado confirmaría su nulidad. El martes 12 de agosto a medianoche la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. La sesión estuvo acompañada por una multitudinaria manifestación en los alrededores del Congreso. Las leyes mencionadas habían sido aprobadas por los legisladores durante la presidencia de Alfonsín a mediados de los ’80, bajo la coacción de levantamientos militares. Significaron la impunidad para cientos de represores que aun hoy continúan en libertad sin pagar por los crímenes cometidos en la dictadura militar de 1976-83. El próximo miércoles 20, el Senado confirmaría su nulidad.

Más temprano, los diputados habían aprobado por unanimidad la incorporación al sistema legal argentino, con rango de constitucional, de la Convención de la ONU de 1968 sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Argentina había adherido a dicha convención en 1995 pero ahora se transforma en una de las leyes fundamentales de la república.

Sin embargo quedan en pie los indultos decretados por el ex presidente Menem que liberó a los más altos responsables del plan represivo implementado por la dictadura militar, después de haber sido juzgados y condenados por la justicia.

La última palabra en los juicios que se siguen a los represores la continúa teniendo la justicia, en concreto la Corte Suprema, ya que esta anulación no obliga a los jueces a nada. La corte es la que determina en última instancia la constitucionalidad o no, tanto de las leyes de impunidad como de su anulación, por lo cual el destino de los juicios queda en manos del tribunal supremo que está seriamente cuestionado por toda la sociedad.

Hay antecedentes contradictorios sobre el tema. La corte ha favorecido la extradición de jerarcas nazis aduciendo la imprescriptibilidad, pero también ha declarado constitucional la Obediencia Debida y el Punto Final. Históricamente también se ha negado a contradecir las amnistías decretadas por el poder ejecutivo considerándolas decisiones políticas y no judiciales. De todas maneras la presión pública es la que está haciendo que los tres poderes del estado se vean obligados a dar algunos pasos contra el terrorismo de estado de manera impensada hasta hace un par de años atrás. Vinculado a esto, a nadie se le escapa que el gobierno Kirchner necesita implementar este tipo de medidas para intentar restaurar la autoridad perdida por el aparato del Estado burgués ante las masas trabajadoras.

Si bien todos estos acontecimientos se desencadenaron con la solicitud del juez español Baltasar Garzón, no se hubiese llegado tan lejos de no ser por el movimiento popular iniciado hace unos veinte meses. El movimiento de masas después de barrer varios gobiernos, incluido Domingo Cavallo, ministro estrella del neoliberalismo global, obligó a la vergonzosa retirada de Menem de la escena política. También llevó al gobierno a ir renovando la composición de la corte suprema de justicia. Y continúa presionando mediante el accionar de piqueteros, organizaciones de derechos humanos y la lenta pero inevitable puesta en marcha del movimiento obrero con la multiplicación de huelgas y otras medidas de fuerza.



La concentración popular



Desde el mediodía del martes comenzaron a llegar columnas de manifestantes a la Plaza del Congreso. Convocados por más de doscientas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y piqueteras, sumaban varios miles de personas a las 16 cuando arrancó el debate. Hasta la prensa burguesa más reaccionaria reconoce que la concentración fue muy numerosa. Las cifras hablan de más de diez mil concurrentes. Y debe tenerse en cuenta que se realizó en horario laboral sin que las centrales sindicales propiciaran el levantamiento de las tareas para concurrir.

En el corazón de la concentración estaban las madres de los desaparecidos con sus pañuelos blancos en la cabeza. Ellas fueron las que primero llegaron y no se fueron hasta que se aprobó la anulación, más de diez horas después. También concurrieron varias Asambleas Populares y, en un número significativo, se apreciaba la concurrencia de militantes de los años ’70.

Entonando cánticos como: “se va a acabar, se va a acabar, esta maldita impunidad”, “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, con aplausos y con silbidos, no se perdían detalles de la transmisión en pantalla gigante del debate en diputados.

Fue esta presión popular la que obligó al presidente a impulsar la anulación de las leyes de impunidad, a los legisladores a tratarla de urgencia y aprobarla pese a las maniobras dilatorias que se insinuaron (toda la prensa afirmaba el martes a la mañana que la sesión se había levantado debido a la explícita oposición del duhaldismo), a algunos jueces a tomar medidas firmes contra los represores (hay más de treinta detenidos desde la solicitud de Garzón). Y fue esa presión la que obligó a los legisladores a parar la provocación del diputado fascista Bussi, hijo del general condenado por torturador y asesino, cuando se burló del dolor de las madres de los desaparecidos y acusó a los movilizados de concurrir a cambio de dinero



Las tareas de los revolucionarios



Los marxistas estamos a favor de toda ampliación de los derechos democráticos y del castigo a los criminales que ahogaron en sangre el movimiento revolucionario de los ’70. Consideramos que esa feroz represión fue la que permitió implementar los salvajes planes llamados neoliberales que sólo de esa manera pudieron posibilitarle al capitalismo zafar de la aguda crisis mundial del ’73. Sin la eliminación política y física de toda una generación de luchadores no hubiesen podido llevar adelante la fabulosa transferencia de riquezas desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía mundial.

Sin embargo, no confiamos en la instituciones del estado burgués y por lo tanto no sabemos hasta donde llegará la justicia burguesa en el tema de los represores. Consideramos que lo que garantiza que se haga justicia es la implementación de juicios populares a todos los implicados en el terrorismo de estado, como lo sostiene nuestro programa. Pero eso está indisolublemente vinculado a la lucha por la transformación socialista de la sociedad y a la sustitución de la justicia burguesa por una auténtica justicia obrera y popular. Mientras tanto el avance de los juicios a los represores y la purificación de los tribunales dependen de la continuidad de la presión popular sobre los poderes del estado. Por ese camino debemos avanzar construyendo las bases del poder popular.

Este sostenido auge de masas desmiente a los que sostienen que se ha cerrado el proceso revolucionario abierto en diciembre de 2001. Y también contradice a los que afirman que las masas giraron a la derecha basados sólo en sus fracasos electorales. En vez de reconocer sus errores sectarios prefieren culpar a las masas de sus propias limitaciones para contactar con ellas. Esto es absurdo, como si el estado de las masas no formara parte esencial de los elementos a tener en cuenta para proponer diferentes tácticas. Pero lo peor no es cometer errores, de los que nadie está libre, sino negarse a reconocerlos e insistir en ellos.

En los próximos meses la movilización popular se incrementará, se luchará por el empleo, por la recomposición salarial, contra el ajuste y el tarifazo solicitados por el FMI, contra el pago de la deuda, contra la “compensación” a los bancos. Coordinación de las luchas, unidad de la izquierda con los sectores combativos, construcción de polos de poder popular (asambleas, comisiones internas, sindicatos de base, etc.) serán las tareas imprescindibles. Los que se consideren marxistas deben participar, ya que no alcanza con estar informados y discutir en charlas de café, hay que involucrarse para transformar la sociedad, para implantar el socialismo y la democracia obrera. Sumate a los compañeros de El Militante que están comprometidos en esa tarea.