Inicio Argentina Argentina Con indignarse no alcanza: Hace falta organización popular para democratizar la justicia

Novedades por email

Si querés recibir las novedades de nuestra web, envíanos un mail a: elmilitante.argentina@gmail.com con el asunto: Suscribir 

 
Con indignarse no alcanza: Hace falta organización popular para democratizar la justicia PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Corriente Socialista Militante   
Domingo 16 de Diciembre de 2012 21:53

A partir de los fallos en torno a la cautelar de Clarín (para no desinvertir como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y por el secuestro, trata, explotación sexual y desaparición de Marita Verón, se ha puesto en evidencia la falsedad de la justicia que tenemos. Una justicia de clase, burguesa, que cumple siempre con los poderosos y pocas veces con los débiles, salvo que estos la obliguen, con movilización. Pocas horas después, la presidenta Cristina Fernández se manifestó a favor de la democratización del poder judicial.


El grupo Clarín continúa desconociendo la LdSCA, cuando ya han pasado más de tres años de su sanción, y se niega a encuadrarse desinvirtiendo parte de sus licencias en canales de TV, radios y cables. Pese a que la ley, propuesta por el ejecutivo y aprobada por amplia mayoría en el congreso, también tiene aval de la justicia de primera instancia, han encontrado una Cámara Federal en lo Civil y Comercial que (dádivas mediante) está dispuesta a extender medidas cautelares en su favor.

 

No es casual que el fallo del juez Alfonso se produjera después de la gigantesca movilización popular del 9D y de la conmoción popular causada por el fallo en el caso de Marita Verón. Alfonso priorizó el derecho a la información por sobre el de propiedad, en su declaración de constitucionalidad de la LdSCA, e hizo caer explícitamente las medidas cautelares. Clarín ya prepara una apelación ante la misma cámara que lo benefició alevosamente horas antes del 7D, fecha establecida por la Corte para el cese de las cautelares. También especula con aprovechar algunos puntos oscuros del fallo del juez Alfonso: plazo para la adecuación y posibilidad de pedir indemnización por perjuicios económicos.

 

En el caso de Marita Verón, que hace diez años es buscada por su madre Susana Trimarco, una Cámara del fuero Penal de la provincia de Tucumán desestimó todas las pruebas presentadas y el testimonio de unos 50 testigos y absolvió a todos los sospechosos, garantizando la impunidad de los que lucran con la trata de personas y la explotación sexual en el noroeste del país. Los vicios de la investigación, que funcionaron como excusa para este fallo, eran de esperar. Se dejó la investigación en manos de la policía provincial, fuertemente sospechada de proteger, cuando no de organizar, las redes de trata y prostitución en la región.

 

Este fallo también puede verse como una demostración de la impunidad de los poderosos de Tucumán, que se muestran como los dueños de la vida y el destino de los trabajadores y el pueblo. Juegan a la desmoralización. Es una bofetada a las masas que intentan profundizar en sus derechos, y una señal al gobierno nacional que viene respondiendo con avances en los últimos años.

 

La indignación popular se pudo observar en las mencionadas multitudinarias movilizaciones del 9D, día de la democracia y los DDHH, donde el principal enemigo de los cientos de miles de manifestantes era claramente el grupo Clarín, y en el estallido de bronca que explotó en varias ciudades del país por el fallo del tribunal tucumano. La presidenta Cristina Fernández se hizo eco y sostuvo que "hay un fuerte pedido de democratización de la justicia desde la sociedad", criticó el corporativismo y adelantó que comenzará a trabajar una propuesta para el Parlamento.

 

Bajo el sistema capitalista, con su inherente desigualdad social, los jueces no son extraterrestres imparciales. Se reclutan casi en su totalidad en la clase alta y están vinculados por lazos familiares y económicos a la oligarquía, los grandes empresarios y banqueros, y responden generalmente a sus intereses. Además no existe igualdad de posibilidades de acceso a justicia para un simple trabajador que para un miembro acomodado de la sociedad, que además puede contratar a los grandes estudios jurídicos, cuyos integrantes también pertenecen a los mencionados círculos privilegiados.

 

Desde la Corriente Socialista Militante apoyamos todo paso hacia una democratización del poder judicial. Por ejemplo, la elección y la revocabilidad popular de jueces y demás funcionarios judiciales, como se pedía en las protestas de diciembre de 2001.

 

Mientras tanto el único recurso popular es la movilización masiva para crear una presión pública que obligue a estos estamentos a tener en cuenta nuestras demandas. En esto tienen un rol fundamental los dirigentes sindicales, sociales y políticos de las organizaciones obreras y populares. Se debe abandonar toda ilusión en cualquier tribunal y garantizar que la movilización masiva en las calles haga sentir a las camarillas judiciales la voz del pueblo en sus reclamos de justicia.

 

Sabemos que una autentica justicia sólo se podrá asegurar a la par de la liberación social de las cadenas con que la gran propiedad perpetúa la desigualdad. Debe venir desde abajo, con tribunales populares que respondan a las exigencias e intereses de la mayoría de la población, en un proceso vinculado a la transformación socialista del sistema capitalista.

 

Mientras la justicia se halle en manos de una corporación asociada a los poderosos defenderá con toda su fuerza los privilegios sociales, ya sea los tradicionales de las sociedades conservadoras provincianas (donde las vidas de ¨changos¨ y ¨chinitas¨ son de su propiedad) como las más nuevas del narcotráfico o de las grandes corporaciones como el mutimedio Clarín. Y debemos enfrentarla con la única arma que temen: la movilización popular ¡ganemos las calles!