Tragedia de ONCE: pericias judiciales bajo sospecha Imprimir
Escrito por David Rey   
Lunes 30 de Abril de 2012 14:05

El gobierno debe reestatizar el sistema ferroviario

En el momento de salir este periódico a la calle se cumplen casi dos meses y medio de la tragedia ferroviaria de la estación ONCE, y aún no terminaron los trabajos periciales ni se redactaron las conclusiones del caso, a cargo del juez Claudio Bonadío.

El juzgado denegó la presencia en las pericias a los representantes de los trabajadores de la exLínea Sarmiento y de los familiares de las víctimas. Como denuncia el ingeniero ferroviario Norberto Rosendo, de la Comisión Nacional Salvemos el Tren, el informe pericial que se ha filtrado hasta el momento trata a toda costa de salvar la responsabilidad de TBA y depositarla en el maquinista Marcos Antonio Córdoba, señalando que los frenos funcionaban correctamente y que, por alguna razón inexplicable, el maquinista no frenó a tiempo, provocando el accidente.

Pese a todo, por poco que se lea el informe pericial filtrado no puede ocultarse la responsabilidad central de la empresa TBA en el accidente, dada la cantidad enorme de irregularidades y de negligencias constatadas.

Por ejemplo, se cita la declaración del maquinista que condujo el tren accidentado en su tramo inicial de Moreno a Castelar, donde afirma que el tren había salido de Moreno con el triple de pasajeros (unas 1800-2000 personas) que puede soportar las formaciones de la ex línea Sarmiento. Y añadió que con ese peso excesivo el tren tarda más en frenar, situación que es “algo habitual”.

También se cita un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que habla de “desidia” por parte de TBA en el mantenimiento de los trenes de la ex línea Sarmiento. En el mismo sentido, se menciona que la locomotora y los vagones del tren siniestrado circulaban con “mantenimientos diferidos” y “kilometrajes excedidos”. Esto significa que debieron haber sido parados varios meses antes para ser sometidos a una reparación total e integral. Y esta situación afecta a todas las unidades de la exLínea Sarmiento, a cargo de TBA. (Clarín, 18 abril)

Aparte de esto, el amortiguador del parachoques del andén estaba inutilizado, faltaban tres de los 8 compresores de frenos (el compresor genera el aire comprimido necesario para el sistema de frenos del tren). No obstante, el informe pericial afirma que ambas cosas no tuvieron incidencia en la gravedad del accidente.

Norberto Rosendo cita una parte del informe, que dice: Al desarmarse en instalaciones del Taller de Rubén Darío la válvula U20 coche 2149 porción de servicio y emergencia no se detectó evidencia objetiva de mal funcionamiento ni anormalidades, si bien se observaron signos de desgaste y suciedad en el lubricante de dicha válvula ….” Rosendo concluye con razón: “¿Cómo es el asunto? La válvula ¿estaba bien o estaba para tirar?” (www.la5pata.com 23/04/2012)

El compañero Rosendo también hace notar que en el informe “se desliza que Córdoba no aplicó el freno, pero se dice que la palanca de freno se encontraba en la posición de emergencia.¿?” Es decir, el maquinista sí accionó el freno, que evidentemente no respondió, y terminó llevándolo a la posición de emergencia, que tampoco funcionó, como ya había declarado el propio maquinista ante el juez.

El propio fiscal federal Federico Delgado cree que hubo una “connivencia” entre funcionarios del Gobierno y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) para no mejorar el estado del sistema ferroviario y que no se justifica qué se hizo con los 1.924 millones de pesos recibidos por TBA en todos estos años, dada la deficiente calidad del servicio. En la causa están imputadas 30 personas, desde el maquinista Antonio Córdoba hasta la cúpula de TBA y varios funcionarios, como los exsecretarios de Transporte, Jaime y Schiavi.

Con estos datos en la mano, mantenemos las mismas conclusiones que hace dos meses: inocencia del maquinista Antonio Córdoba, y negligencia criminal de TBA y de los funcionarios del área por falta de control.

 El gobierno no puede demorar más la decisión de reestatizar el sistema ferroviario, bajo el control de sus trabajadores, y que los directivos de TBA paguen penal y económicamente por la masacre generada en la tragedia ferroviaria.