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Las coimas a los senadores por la sanción de la ‘ley de flexibilización laboral’ PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Sergio González   
Lunes 15 de Diciembre de 2003 00:00
Este fin de semana la revista TXT publicó una entrevista a un ex alto funcionario del senado de la nación donde se confirma todo lo que los trabajadores ya sabíamos sobre la aprobación de las leyes que atacan nuestros derechos laborales. El arrepentido Mario Pontaquarto afirmó que estaba seguro que hubo coimas “porque yo fui el que entregó el dinero”. Estas declaraciones fueron ratificadas en gran parte por el fiscal que investiga desde hace tres años la causa contra los senadores involucrados.

¿Caso excepcional o funcionamiento habitual de la democracia burguesa?

Este fin de semana la revista TXT publicó una entrevista a un ex alto funcionario del senado de la nación donde se confirma todo lo que los trabajadores ya sabíamos sobre la aprobación de las leyes que atacan nuestros derechos laborales. El arrepentido Mario Pontaquarto afirmó que estaba seguro que hubo coimas “porque yo fui el que entregó el dinero”. Estas declaraciones fueron ratificadas en gran parte por el fiscal que investiga desde hace tres años la causa contra los senadores involucrados.

Esta autoincriminación con lujo de detalles (descripción de los fajos de billetes y de los sucesivos pasos que siguió para repartir el dinero) no deja lugar a dudas sobre lo que ocurrió en abril de 2000, aunque todavía falta aclarar el destino de un millón de pesos (el peso estaba uno a uno con el dólar en ese momento) de los seis millones que salieron del Banco Nación a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) bajo las ordenes del presidente De la Rúa. La SIDE, que estaba a cargo de Fernando de Santibañez, es la principal sospechosa de haberse quedado con esa diferencia.

Las coimas envuelven a senadores y ministros de los principales partidos de la democracia burguesa: peronistas, radicales, frepasistas y de partidos provinciales. El dirigente de la CGT Hugo Moyano afirmó que solo cuatro senadores (sobre más de medio centenar) quedaron sin cobrar sus “comisiones” como agradecimiento por la aprobación de la ley. Pero las empresas interesadas en que se aprueben grandes beneficios para sus bolsillos no pusieron un solo peso. La plata salió del Banco Nación, o sea que se nos hizo pagar a los propios trabajadores la coima para que se apruebe una ley contra nuestros intereses.

¿En qué consiste la llamada ‘ley de flexibilización laboral’?

Podemos señalar cuatro aspectos, a cual de ellos más perjudicial para los trabajadores. En primer lugar contempla una rebaja en los aportes patronales, lo que significa profundizar el desfinanciamiento de la seguridad social (dificultando el pago de actuales y futuras jubilaciones y pensiones). La ley también extendió el período de prueba de los nuevos trabajadores a un año, manteniéndolos en situación de extrema precariedad y pudiendo despedirlos sin indemnización. Además permite la discusión de convenios por empresa, debilitando el poder de negociación de los trabajadores. Antes se negociaba por rama y con la participación del sindicato nacional. Ahora en los hechos una empresa puede “acordar” directamente con sus trabajadores una rebaja salarial o en las condiciones de trabajo por debajo del convenio que los comprende. Y por último la ley permite directamente la caída de la llamada ultractividad, o sea de la vigencia de los convenios colectivos. Estos habían sido sancionados en 1975 y contienen importantes conquistas conseguidas a través de duras luchas por parte de los trabajadores.

Esta ley era parte de las “Reformas estructurales” exigidas por el FMI. El entonces vicepresidente Chacho Álvarez presionó en enero y febrero del 2000 a sus diputados del Frepaso para su aprobación (esto fue denunciado por sus ex compañeros como la diputada Alicia Castro) pero ahora pretende aparecer públicamente como un defensor de la “transparencia democrática”. Y también lavar así sus culpas en la apropiación de la voluntad popular contraria a las recetas liberales del FMI para continuar con esas políticas antiobreras. Recordemos que la aprobación en diputados se realizó mientras se reprimía violentamente a los trabajadores que se manifestaban en contra en la puerta del congreso, donde quedaron veinte heridos de gravedad.

En los hechos esta ley tuvo como resultados una precarización inédita de las condiciones laborales y el pico de desocupación y subocupación más alto de la historia unos meses después.

La sanción de la leyes en el parlamento

Ahora se nos quiere hacer creer que este caso es único y que no se repetirá. Pero como lo explicamos en nuestro artículo sobre el funcionamiento del estado capitalista, sacando el grado mayor o menor de corrupción este es el método habitual de aprobación de las leyes bajo el dominio del capital. Los proyectos de ley son elaborados generalmente por el poder ejecutivo, impulsados por los grandes grupos económicos, con el visto bueno del FMI. Luego pasan al parlamento donde reciben las presiones de los distintos grupos involucrados para que salga aprobada de la manera más conveniente a sus intereses, esto es lo que se conoce como hacer lobby. Que esas presiones se manifiesten como amenazas, regalos o coimas es sólo una cuestión de forma. En definitiva las empresas y los bancos se aseguran maximizar sus beneficios de la manera que sea.

Esto sucede así en todas las democracias parlamentarias. Lo que puede variar es el grado de corrupción existente en cada país o el cuidado con el que se realizan estas maniobras para que no lleguen a ser conocidas por los trabajadores. El pueblo argentino descubrió esto pocos meses después de la aprobación de esta ley y exigió en las calles, correctamente, “que se vayan todos”.

En defensa de los derechos de los trabajadores y hacia el socialismo

La ley de flexibilización debe ser derogada inmediatamente y los funcionarios corruptos, juzgados y castigados. El gobierno, presionado por el escándalo está buscando una manera de salir del embrollo. Los dirigentes de la CTA y la CGT disidente ponen ahora sus esperanzas en que el gobierno de Kirchner reinstale las leyes laborales que existían antes de la última reforma. Pero este gobierno está comprometido con los intereses de los capitalistas argentinos que necesitan trabajadores con salarios bajos y empleo precario. Ya se ha enviado un proyecto al ministerio de trabajo para que estudie una nueva reforma que contiene más ataques a los derechos de los trabajadores. Los empresarios no han perdido el tiempo exigiendo ahora una reducción de los aportes patronales a las obras sociales y la extensión de la contratación de beneficiarios de los planes jefas y jefes de Hogar en todos los sectores laborales para ahorrarse $150 del salario del convenio y que éste sea aportado por el Estado ¡Estos parásitos son insaciables en sus ansias por aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores y de los recursos de la nación! Y esto cuando el costo laboral cayó un 40% en el sector industrial desde la implementación de la ley de flexibilización laboral (Clarín, 15 de diciembre 2003).

No debemos permitir que a una “ley sucia” contra los trabajadores le suceda una ley, supuestamente limpia, pero con el mismo contenido de fondo. Lo que los dirigentes sindicales deben hacer es aprobar un plan de lucha serio y que sea votado en asambleas de trabajadores en todas las empresas del país para exigir al gobierno la restitución de todos los derechos perdidos en los últimos años. Un plan de lucha que debería culminar en una huelga general de 24 horas si el gobierno no atiende nuestros reclamos. Las Comisiones internas, los Cuerpos de delegados y los gremios combativos deberían aprobar resoluciones votadas en asambleas de trabajadores exigiendo a los dirigentes sindicales la aprobación de este plan de lucha. En el programa de El Militante proponemos una serie de medidas por la cuales luchar en beneficio de los trabajadores ocupados y desocupados:

-Reparto de las horas de trabajo en cada rama de la producción sin rebaja de salarios, para terminar con el desempleo.

-No al empleo en negro. Blanqueo inmediato bajo convenio colectivo de todos los trabajadores en negro.

-Reducción a quince días del período de prueba, pasados los cuales el trabajador quedará incorporado con plenos derechos laborales.

-Salario mínimo de $ 800.- con indexación según el aumento de la canasta familiar.

-Incorporación inmediata de los $200 al básico a todos los trabajadores sin excepción, estatales y privados, en blanco y en negro.

-Jubilación a los 60 años con el 100% de los ingresos que el trabajador recibía en actividad.

Con el convencimiento de que el camino hacia el socialismo es lo único que garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores contra el poder de los capitalistas y sus lacayos coimeros disfrazados de representantes del pueblo, proponemos otra organización estatal. Con representantes elegibles y removibles en cualquier momento, con sueldos iguales a los de un trabajador calificado, con participación rotativa de toda la población en la administración estatal y por el control popular de la seguridad ciudadana disolviendo los actuales cuerpos represivos.
¡Por una democracia obrera! ¡Que se vayan todos!
14 XII 2003