Bolivia: La clase obrera y la estatización de los sindicatos Imprimir
Escrito por José P.   
Viernes 15 de Mayo de 2015 01:07

1mayolapazEste 1º de Mayo juntamente a los ya adelantados decretos que fijan y reglamentan el aumento salarial, el gobierno, con el plauso de la COB, ha promulgado una norma sobre la tramitación de la personería jurídica de los sindicatos, reportada en la prensa nacional con titulares de este tenor: “Evo decidirá con su firma que sindicatos deben existir”. 

En base a la Ley General del Trabajo (LGT) y su Decreto Reglamentario (DR) para conformar un sindicato es necesario; un mínimo del 51 por ciento de los trabajadores de una empresa (LGT, art.103); una solicitud al Ministerio del Trabajo acompañada, entre otros, por el acta constitutiva, el estatuto, la nómina de socios y del directorio (DR, 125); un informe de la Inspección General del Trabajo con la opinión del Fiscal de Gobierno (DR, 126); una Resolución de concesión de la personería jurídica emitida por el Poder Ejecutivo (DR, 124), el cual tiene la facultad  de disolver a los sindicatos por violaciones a la LGT (DR, 129).

El DS 2349 promulgado en ocasión del último Día Internacional del Trabajador consta de un artículo único que establece que la personería jurídica de las organizaciones sindicales deba ser tramitada “únicamente ante el Ministerio de Trabajo, concluyendo con la Resolución Correspondiente”. Su objetivo es impedir que eventuales nuevos sindicatos puedan obtener personería jurídica fuera del marco de las reglas que fueron decretadas en 1943 para someter a los sindicatos al control estatal y contener la lucha de clases dentro de ciertos límites, permitiendo al Estado de arbitrar el conflicto social. Para ello se ratifican normas retrogradas que deben ser combatidas por la clase trabajadora por un pleno derecho a la sindicalización. La necesidad de la promulgación de este decreto no podría entenderse sin una lectura del contexto.

Señales de crisis

En el primer trimestre de este año, y por primera vez desde 2003, Bolivia ha registrado un déficit comercial de 35 millones de dólares, producto del crecimiento constante de las importaciones y del marcado descenso del precio de las materias primas. Este dato marca el ingreso del país en la crisis estructural del capitalismo y el principio del fin no solo de un ciclo económico sino de la peculiar “tercera vía” entre capitalismo y socialismo inaugurada por el gobierno con el barniz posmodernista de la “economía plural”.

El gobierno se prepara a esta nueva fase ofreciendo la imagen caricaturesca (por la corrupción) del “capitalista más eficiente” en empresas estatales en crisis (Huanuni y Enatex), aumentando el salario del 8,5% por encima de la inflación (5,19%), sirviéndose de luchas como las de Manaco para hacer presión en contra de las desinversiones industriales mientras impone a su base de consensuar con la burguesía nacional medidas de incentivo al lucro privado, como en la última cumbre agropecuaria. Una de cal y una de arena para que el gobierno guarde independencia frente a las presiones corporativas que afloran con la crisis.

Pero en un contexto económico desfavorable esta política solo puede servir a enredar y explotar más “racionalmente” a la clase obrera, y sería imposible sin el control estatal de los sindicatos, ejercido a través de una burocracia que busca sortear corporativamente la crisis poniéndose bajo la tutela del gobierno. Sin embargo con la crisis arranca también un proceso molecular de luchas que marcarán el verdadero escenario próximo.

La situación de la clase obrera

Los datos oficiales del INE reunidos en la tabla que presentamos a continuación dan cuenta no solo de las mejoras de los últimos años, sino también de las contradicciones acumuladas. Se ha reducido el desempleo, se han creado centenares de miles de empleos con seguridad social, se han aumentado las remuneraciones nominales medias etc. Pero no es todo oro lo que luce.

La reducción del paro es acompañada por una reducción de la cantidad de bolivianas y bolivianos que buscan activamente un empleo (la PEA) lo cual significa más presiones sobre los sectores con mayores dificultad de acceso al trabajo (jóvenes, mujeres y profesionales). Uno de cada cuatro asalariados en el país no tiene seguridad social, reflejo de los elevados niveles de precarización. Hay diferencias salariales enormes entre el grueso de la clase y algunos sectores de aristocracia obrera. Se incrementan de manera exponencial los casos de invalidez, un simple botón que vale de muestra del incremento de accidentes laborales que en su mayoría ocurren en la informalidad. Un 80% del proletariado industrial no tiene sindicalización.

empleo

El papel de la dirección

En 2014 hubo 2.294 denuncias por violación de derechos laborales, despidos injustificados etc.: un 24% más que el año anterior. Según datos del observatorio de la Defensoría del Pueblo, los conflictos estrictamente laborales se han incrementado del 105% en el primer cuadrimestre de este año, caracterizándose además por una mayor radicalidad y duración. En términos absolutos se trata de un promedio de 10 prolongadas huelgas cada mes, protagonizadas no solo por los sectores con mayores tradiciones sindicales, sino también por precarios del empleo público y privado, que señalan las prioridades de la clase obrera: la defensa de derechos adquiridos, el salario, la estabilidad laboral y el rechazo a la terciarización.

Una dirección no burocratizada combinaría la lucha por todos estos objetivos a las luchas del movimiento campesino e indígena ampliando así la base sindical y ofreciéndose como herramienta para defender, profundizándolas, las parciales conquistas del proceso. Sin esta la crisis empieza a manifestarse en el propio proyecto político del MAS, como demuestra la ausencia del debate político de las más avanzadas reivindicaciones obreras y campesinas, expresión de una paulatina separación del partido de su base más activa que se refleja también en la mayor dispersión del voto y es capitalizada por la derecha. Por esto la construcción de una corriente revolucionaria de masas entre la juventud, el movimiento obrero y campesino-indígena, que defienda un programa de ruptura con la colaboración de clases, es la tarea más urgente del momento.